Sudáfrica – Precios de Transferencia (2025)

Marco legal y alcance

El principio de plena competencia en Sudáfrica está recogido en la Sección 31 del Income Tax Act, Act No. 58 of 1962 (“SA Income Tax Act”). La aplicación práctica y la interpretación administrativa se apoyan en Practice Note 7 emitida por la South African Revenue Service (SARS), la cual debe leerse conjuntamente con la normativa de registros que sustituye sus requisitos, en la medida aplicable, por las obligaciones establecidas en Notice 1334 del Government Gazette 40375 de fecha 28 de octubre de 2016. Practice Note 7 declara que la Nota se ha redactado como guía práctica y no pretende ser prescriptiva ni exhaustiva (véase párrafo 3.1), y reconoce la importancia internacional de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, indicando expresamente que la Nota se basa, entre otras fuentes, en dichas Directrices (párrafo 3.2).

El alcance de la normativa doméstica incluye, además de la definición general en el SA Income Tax Act, la figura de “connected person” (persona vinculada) recogida en la Sección 1. Para años de evaluación que comiencen a partir del 1 de enero de 2022, la legislación doméstica de precios de transferencia se ha ampliado para aplicarse también a “associated enterprises” según la definición del Artículo 9 del Modelo de Convenio de la OCDE, en relación entre sí.

Principio de plena competencia y rol de las Directrices OCDE

La Sección 31 consagra el principio de plena competencia, y las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE actúan como guía de apoyo para la aplicación de ese principio en Sudáfrica. Practice Note 7 otorga a la Sección 31 una aplicación subsidiaria y remite de forma consistente a las Directrices de la OCDE para cuestiones técnicas como selección de método, análisis de comparabilidad y otras prácticas. La Nota y la práctica administrativa declaran la intención de buscar el método que produzca el mayor grado de comparabilidad de acuerdo con las Directrices de la OCDE.

Definición de partes vinculadas

La definición legal relevante es la de “connected person” según la Sección 1 del SA Income Tax Act, que es amplia e incluye personas naturales, trusts, partnerships y empresas. A partir de 2022, la normativa de precios de transferencia añade expresamente a las “associated enterprises” conforme al Artículo 9 del Modelo de la OCDE, ampliando así el concepto de partes vinculadas para efectos de transferencia de precios. Además de las definiciones formales, la práctica administrativa y las Interpretation Notes (por ejemplo, Interpretation Note 127 e Interpretation Note 128) proporcionan orientación adicional sobre la determinación de relaciones de control y vínculos.

Métodos y criterio de aplicación

Sudáfrica no prescribe en su legislación una jerarquía de métodos; en cambio, adopta el criterio de la “most appropriate method” siguiendo las Directrices de la OCDE. Aunque la ley (Sección 31) y los convenios no imponen una metodología específica, el Comisionado normalmente buscará el método más apropiado según los hechos y las circunstancias; la intención es elegir el método que proporcione el mayor grado de comparabilidad. Las autoridades administrativas aceptan y respaldan la aplicación de los métodos tradicionales y transaccionales reconocidos por la OCDE: Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price, Cost Plus, Transactional Net Margin Method (TNMM) y Profit Split. Esto se refleja en Practice Note 7 e Interpretation Note 127. La práctica indica que la selección depende de la fiabilidad y disponibilidad de datos comparables y del contexto económico de la operación.

Comparabilidad y rangos

Sudáfrica sigue la guía de comparabilidad del Capítulo III de las Directrices de la OCDE. No existe en la legislación doméstica una preferencia normativa por comparables nacionales frente a comparables extranjeros; la selección se basa en los principios de comparabilidad de la OCDE y, por tanto, no favorece automáticamente comparables nacionales. La normativa doméstica tampoco permite el uso de “secret comparables” para fines de la evaluación. Tampoco hay una disposición legislativa que obligue o requiera el uso de un rango arm’s length o medidas estadísticas explícitas; no obstante, Practice Note 7 reconoce la orientación de la OCDE sobre el uso de un rango y establece en su párrafo 11.4.7 que el Comisionado concuerda con la OCDE en que la corrección debe reflejar el punto del rango que mejor explique los hechos y las circunstancias de la transacción controlada, y que, en ausencia de evidencia persuasiva para seleccionar un punto en particular, el Comisionado podrá seleccionar el punto medio de dicho rango. No existe una disposición normativa explícita en la ley que exija ajustes de comparabilidad, aunque la práctica sigue la guía de la OCDE sobre ajustes cuando sean necesarios y justificables.

Documentación y reportes

La normativa doméstica exige preparación de documentación de precios de transferencia: Master File, Local File y Country-by-Country (CbC) Report consistentes con los anexos correspondientes del Capítulo V de las Directrices de la OCDE. Además, la declaración de sociedades IT14 contiene preguntas detalladas sobre transacciones transfronterizas con personas conectadas y solicita indicar si existe documentación que respalde la naturaleza arm’s length de dichas transacciones. La obligación de conservar registros se establece en la Sección 29 del Tax Administration Act, 2011, y las obligaciones de presentación de CbC, Master File y Local File se rigen por la Sección 25 del mismo Act. Existe una extensión del plazo de presentación del CbC en términos de la Sección 25(7) del Tax Administration Act, 2021. Los requisitos administrativos están contenidos en avisos públicos; en particular, el Public Notice GG 40375, Notice 1334 lista a las personas que deben mantener los registros especificados.

Los plazos operativos generales exigen presentar los informes dentro del año siguiente al cierre del ejercicio financiero (presentación del CbC, Master y Local según los criterios de la Sección 25). Todos los documentos deben ser completados en inglés, y las instrucciones y fechas concretas de presentación o retención de documentos figuran en los avisos relevantes emitidos por SARS.

En cuanto a umbrales y exenciones, la obligación de presentar CbC aplica a grupos con ingresos consolidados de R 10 billion o EUR 750 million (el perfil cita ambos montos). Para la obligación de Local File, se fija un umbral por el que la suma agregada de “potentially affected transactions” de una persona para el ejercicio, sin compensaciones entre ellas, excede o se espera que exceda R 100 million. Si la matriz última es residente en Sudáfrica o ya se ha preparado un master file dentro del grupo, la entidad bajo consideración también deberá presentar un master file. Se aplica la Sección 29 del Tax Administration Act (Duty to keep records) y los avisos asociados que determinan quién está obligado.

No existe en la normativa doméstica de precios de transferencia una sanción específica por incumplimiento de obligaciones de documentación de precios de transferencia; en su lugar se aplican las sanciones administrativas generales previstas en el Tax Administration Act por presentación tardía o ausencia de informes, incluyendo referencias a incidencias de incumplimiento en la Sección 210(2) y a una penalidad fija según las secciones citadas en el perfil (texto del perfil: “Incidences of non-compliance by a person in terms of Section 210(2) of the Tax Administration Act, 2011 that are subject to a fixed penalty in accordance with sections 2010(1) and 211 of the Tax Administration Act, 2011”).

Si procede, el perfil señala que la documentación obligatoria y los requisitos de retención se detallan en los avisos y que, en la práctica, SARS ha emitido Practice Note 7 e Interpretation Notes que deben leerse junto con los avisos publicados.

Safe harbours, exenciones y materialidad

No se proporcionan safe harbours o medidas de simplificación específicas para industrias, tipos de contribuyentes o categorías de transacciones en la normativa doméstica. Tampoco se ha adoptado el enfoque simplificado de servicios de bajo valor (low value-adding intragroup services). No obstante, Sudáfrica ha mostrado interés en el Pilar Uno (Amount B) —la Simplified and Streamlined Approach for Baseline Marketing and Distribution Activities— pero aún no la ha legislado. En cuanto a exenciones de documentación, existen reglas de exclusión basadas en los umbrales señalados: la obligación de Local File está condicionada a que los potenciales afectados superen o se esperen superar R 100 million; la obligación de CbC depende del umbral de ingresos consolidados (R 10 billion / EUR 750 million) y la obligación de Master File está vinculada a la residencia de la matriz o a la existencia de un master file del grupo.

APAs y MAP; procedimientos y tiempos

Sudáfrica dispone de la posibilidad de acuerdos anticipados de precios (APA) incorporada en la legislación mediante la Sección 76A del Income Tax Act, No. 58 of 1962. La implementación y aplicación práctica de la legislación sobre APAs están sujetas a Commissioner’s Notices que aún deben ser emitidos para dar efectividad plena a los procedimientos. En paralelo, Sudáfrica ofrece procedimientos de Mutual Agreement Procedure (MAP) y ha desarrollado su perfil MAP. Además, existen programas administrativos de compromiso reforzado o “cooperative compliance” y mecanismos de resolución alternativa de disputas general (Alternative Dispute Resolution, ADR) aplicables a asuntos corporativos, incluidos los de precios de transferencia. El perfil no proporciona plazos administrativos concretos para la tramitación de APAs o MAPs, más allá de indicar la existencia de la Sección 76A y de que las Commissioner’s Notices guiarán la aplicación.

Sanciones y otras consideraciones

En materia de ajustes secundarios, la Sección 31(3) del SA Income Tax Act establece que la diferencia entre la renta imponible en base arm’s length y la renta imponible en base no arm’s length se considera un dividendo constituido por una distribución de un activo en especie declarada y pagada por el contribuyente sudafricano, sobre la que es exigible el impuesto de dividendos. En el caso de una persona natural, la diferencia se considera una donación sujeta al impuesto sobre donaciones. Esta disposición constituye el mecanismo de ajuste secundario previsto en la legislación.

No existe en la normativa una posibilidad de ajustes correspondientes a la baja (downward corresponding adjustments) en ausencia de un MAP: la legislación exige probar la existencia de un “tax benefit” como condición para la aplicación de la Sección 31, y en ausencia de MAP no puede efectuarse un ajuste correspondiente hacia abajo según el perfil. En cuanto a year-end adjustments, aunque no hay disposiciones específicas en la ley dedicadas a ajustes de cierre de ejercicio, la práctica indica que dichos ajustes pueden considerarse y evaluarse de conformidad con el principio de plena competencia según la Sección 31.

Respecto a la re-caracterización, el tratamiento de intangibles y otros instrumentos puede verse afectado por otras normas anti-abuso y normas sustantivas, por ejemplo las Secciones 11(a) (deducción general), 80A–80L (general anti-avoidance rules, GAAR) y otras disposiciones fiscales que pueden ser aplicables según las circunstancias.

Atribución de beneficios a Establecimientos Permanentes (EPs)

Todos los 79 convenios fiscales que Sudáfrica ha suscrito contienen la versión de Artículo 7 del Modelo de la OCDE tal como leía antes de 2010. Sudáfrica no aplica el Authorized OECD Approach (AOA) en sus convenios. Tampoco existe en la normativa doméstica una guía específica y detallada que adopte el AOA para la atribución de beneficios a establecimientos permanentes; de hecho, Sudáfrica tiene una reserva respecto del uso de las directrices de atribución de beneficios de la OCDE de 2008. En la práctica doméstica se considera que, para determinar el beneficio atribuible al EP, solo se tienen en cuenta los gastos efectivamente incurridos por el EP en el año de evaluación, incluyendo intereses, royalties y demás gastos relevantes, lo que refleja un enfoque distinto al AOA.

Otras consideraciones relevantes y estado de la normativa

Sudáfrica no ha adoptado el enfoque HTVI (Hard-to-Value Intangibles) definido en el Capítulo VI de las Directrices de la OCDE. Tampoco existe orientación legislativa específica sobre pricing de intangibles más allá de la referencia general a las Directrices de la OCDE y la aplicación de Sección 23I del SA Income Tax Act, que prohíbe deducciones en ciertas circunstancias relacionadas con la transferencia o licenciamiento de propiedad intelectual a no residentes o no sujetos a impuesto; la Sección 23I enumera escenarios concretos como exportación de IP, estructuras de bare dominium, cesión de negocio como going concern acompañada de transferencia de IP a persona no sujeta, estructuras de I+D y otros arreglos sintéticos. En materia de transacciones financieras, la legislación doméstica no contiene una guía detallada de precios de transferencia pero hay reglas fiscales relevantes para el tratamiento del interés y otras partidas (Secciones 23M, 23N, 50B, 24J, 24JA, 24JB, 24K, 24L, 24O) y, además, SARS emitió Interpretation Note 127 el 17 de enero de 2023 que proporciona orientación sobre determinación de la renta imponible en determinadas transacciones internacionales, incluidos préstamos intragrupo.

Sudáfrica publicó un Discussion Paper del National Treasury (26 de febrero de 2020) sobre revisión del tratamiento fiscal del financiamiento excesivo, deducciones de intereses y otros pagos financieros, examinando las medidas del BEPS Action 4. En materia de cost contribution arrangements, la legislación doméstica no contiene reglas específicas, y la práctica remite a las Directrices de la OCDE y a Practice Note 7 para orientación.

Finalmente, en procedimientos administrativos Sudáfrica dispone de programas de compromiso reforzado y mecanismos ADR para controversias fiscales y ha introducido la posibilidad legal de APAs (Sección 76A), si bien los Commissioner’s Notices que detallen su aplicación práctica están pendientes.

Conclusión breve

El régimen sudafricano de precios de transferencia se apoya en la Sección 31 del Income Tax Act y en la interpretación administrativa contenida en Practice Note 7 e Interpretation Notes, con una fuerte vinculación y referencia a las Directrices de la OCDE. La normativa doméstica no prescribe métodos jerárquicos, ni establece reglas detalladas para muchos temas especializados (HTVI, cost contribution arrangements, servicios intragrupo de bajo valor, commodities, intangibles), remitiendo a la guía de la OCDE. Los requisitos de documentación (Master File, Local File, CbC) están implementados con umbrales específicos (consolidated group revenue R 10 billion / EUR 750 million; umbral de R 100 million para Local File) y la presentación debe realizarse en inglés dentro del año siguiente al cierre del ejercicio según las reglas de la Sección 25 del Tax Administration Act. Existen disposiciones claras para ajustes secundarios (Sección 31(3)) y para la aplicación de APAs y MAPs desde la perspectiva legal, aunque la regulación práctica de APAs depende de la emisión de Commissioner’s Notices.

Referencias

Para información adicional y acceso al country profile original de la OCDE consulte: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.html