Seychelles – Precios de Transferencia (2025)

Marco legal y alcance

El principio de plena competencia está respaldado por la normativa interna de Seychelles. En concreto, las disposiciones relativas a precios de transferencia se encuentran en el Business Tax Act, 2009, y la norma remite al principio de plena competencia en las secciones 4 y 54(1) del Business Tax Act, 2009. Así, la autoridad fiscal de Seychelles (Seychelles Revenue Commission, SRC) aplicará las reglas de precios de transferencia en el marco de esas disposiciones y, para efectos interpretativos y de aplicación técnica, considerará las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE como literatura orientativa, junto con el UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries.

Principio de plena competencia y rol de las Directrices OCDE

Aunque las Directrices de la OCDE no están incorporadas de forma explícita en la legislación nacional, el país reconoce su utilidad como guía técnica. El perfil indica expresamente que “The OECD Transfer Pricing Guidelines are not explicitly included in Seychelles’ legislation. The Guidelines will be considered as useful literature for advisory purposes on TP and shall be consulted in conducting TP-related work.” Asimismo, se señala que el UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries puede ser consultado junto con las Directrices de la OCDE cuando los auditores del SRC traten asuntos de precios de transferencia.

Definición de partes vinculadas (umbrales, control, parentesco, EPs)

No existe en la legislación seychelense una definición independiente y explícita del término “related parties” o partes vinculadas. En su lugar, la ley remite a la figura de “associates” contenida en la sección 3 del Business Tax Act, 2009. El texto legal pertinente establece, entre otras cosas, que dos personas son associates si la relación entre ellas es tal que “one may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other, or both persons may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of a third person”; que no se consideran associates únicamente por la relación empleado-empleador; y que, sin limitar la generalidad, se tratan como associates: un individuo y su “relative” salvo que el Commissioner General determine lo contrario; un socio y la sociedad cuando el socio, solo o junto con otros associates, controla el 50% o más de los derechos sobre los ingresos o el capital; un fideicomiso y un beneficiario; un miembro de una entidad y la propia entidad cuando el miembro, solo o junto con otros associates, controla directa o indirectamente el 50% o más de los derechos de voto, de distribución de beneficios o de devolución de capital; y dos entidades si una persona, sola o con associates, controla directa o indirectamente el 50% o más de los derechos de voto, de distribución de beneficios o de devolución de capital en ambas entidades. La sección 3 también aclara que, al aplicar los supuestos de control, las participaciones atribuibles a una persona desde un associate no se reatribuyen a otro associate, y define “relative” en relación con la sangre, matrimonio o adopción.

Métodos y criterio de aplicación

La legislación de Seychelles no enumera ni prescribe métodos de precios de transferencia (p.ej., CUP, Resale Price, Cost Plus, TNMM, Profit Split). No obstante, Seychelles se apoya en las Directrices de la OCDE y en el Manual de la ONU, por lo que, a efectos prácticos, todos los métodos reconocidos por dichas guías son aplicables. En cuanto al criterio de elección del método, Seychelles aplica el criterio de “most appropriate method” y ha emitido la Public Ruling 2015-3 que refleja la posibilidad de utilizar el método más apropiado en la evaluación de transacciones entre vinculados.

Comparabilidad y rangos

No existe en la normativa interna una disposición detallada sobre el análisis de comparabilidad, pero la administración seguirá la orientación del capítulo III de las Directrices de la OCDE y del Manual de la ONU. No hay preferencia legal por comparables domésticos frente a comparables extranjeros, y la práctica no contempla el uso de comparables secretos por parte de la administración. Con relación al uso de rangos y medidas estadísticas para determinar la remuneración a valor de mercado, la normativa nacional remite a la aplicación del principio de plena competencia conforme a la sección 54(1) y 54(2) del Business Tax Act, 2009, que permite el uso de la medida de mercado. En materia de ajustes por diferencias entre activos o servicios comparables, la sección 4 del Business Tax Act, 2009 establece una regla de ajuste al explicitar que, si no es posible determinar el valor de mercado en un momento dado según el párrafo anterior, “the fair market value is the consideration of a similar asset, property, service, or benefit would ordinarily fetch in the open market at that time, adjusted to take account of the differences between the similar asset, property, service, or benefit.” Seychelles, por tanto, acude a las Directrices internacionales para aplicar comparability adjustments.

Documentación y reportes (Master, Local, CbC, umbrales, idioma, plazos, formularios)

La legislación seychelense exige que el contribuyente prepare documentación de precios de transferencia y la tenga disponible a petición. La obligación formal se concreta en la Public Ruling 2015-3, que indica que la documentación debe haberse preparado antes de la fecha de vencimiento de la declaración del impuesto sobre la actividad empresarial y que debe ser presentada a la autoridad fiscal dentro de los cinco días siguientes a una solicitud escrita. No existe una estructura obligatoria prescrita por la ley para la documentación, ni un requisito explícito sobre el idioma de presentación. Tampoco se identifican en el perfil requisitos específicos y separados para Master File, Local File o Country-by-Country report; la casuística indica simplemente “Transfer pricing documentation upon request”. La norma relevante para justificar la obligación de documentación es la sección 54(1) del Business Tax Act, 2009 y la Public Ruling 2015-3.

Safe harbours / exenciones / materialidad

Seychelles no dispone de reglas de safe harbours ni de otras medidas de simplificación específicas en la legislación vigente en materia de precios de transferencia. No se han identificado exenciones formales ligadas a industrias, tipos de contribuyentes o transacciones.

APAs y MAP; procedimientos y tiempos

En la práctica administrativa, Seychelles puede emitir public rulings que aclaren la posición de la oficina fiscal sobre cuestiones interpretativas. El país cuenta con una red de convenios para evitar la doble imposición que incluye procedimientos de Mutual Agreement Procedure (MAP). La legislación permite procedimientos administrativos domésticos para resolver discrepancias (objeciones y apelaciones ante la unidad competente del SRC y ante el Revenue Tribunal). Actualmente no existe un procedimiento formal establecido para Advance Pricing Agreements (APAs) en la práctica, aunque no hay una prohibición legal expresa para celebrar APAs. Las referencias legales para la materia de resolución administrativa y MAP son la sección 62 y la sección 70 del Revenue Administration Act.

Sanciones y otras consideraciones (ajustes secundarios, re-caracterización, year-end adjustments, PEs)

No hay disposiciones específicas sobre ajustes secundarios en la legislación vigente de Seychelles. En caso de ausencia de documentación o de ajustes por precios de transferencia, no existe un régimen sancionador específico por TP, pero sí se aplican las reglas generales de la administración tributaria previstas en el Revenue Administration Act y sus enmiendas. En particular la sección 41 del Revenue Administration Act, 2009 dispone la aplicación de intereses por pagos tardíos, calculados desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago sobre el importe no pagado, al tipo igual al average prime lending rate trimestral en el primer día del período incrementado en tres puntos porcentuales; el interés se calcula como interés simple y es reembolsable si la obligación resulta no deberse. La sección 44(1) del mismo acto establece que el contribuyente que no paga la deuda tributaria en la fecha de vencimiento es responsable de un impuesto adicional igual al 10% del importe adeudado. La sección 44A del Revenue Administration (Amendment) Act, 2015 regula sanciones por culpabilidad en los términos siguientes: cuando una persona presenta una declaración que es falsa o engañosa y que resulta en un “revenue shortfall”, la persona es responsable de un impuesto adicional de 25% del revenue shortfall si el comportamiento se debe a un fallo por no tomar el debido cuidado, 50% si hubo recklessness respecto de la operación de la ley tributaria, o 75% en caso de disregarding intencional de la ley tributaria; en el caso de una liquidación según la sección 9, el adicional puede llegar al 75% de la deuda. Además, si la persona ya ha sido previamente sancionada, el adicional puede incrementarse en 20%. El perfil señala además que, cuando existe una public ruling y el contribuyente ignore voluntariamente la posición de la administración, la oficina fiscal tenderá a calificarlo como conducta “reckless” y aplicar los tramos de sanción correspondientes (por ejemplo, subir del 25% al 50%). En suma, las consecuencias de no cumplir con la Public Ruling 2015-3 o de no presentar la documentación requerida pueden incluir intereses, un impuesto adicional del 10% por pago tardío y sanciones culpabilidad de 25%/50%/75% del revenue shortfall según la conducta del contribuyente.

Por lo que respecta a ajustes de fin de año (year-end adjustments), Seychelles no dispone de normativa específica; la práctica sugiere que se seguirá la orientación de las Directrices de la OCDE. En materia de atribución de beneficios a establecimientos permanentes (PEs), Seychelles sigue los Authorised OECD Approaches (AOA) para la atribución de beneficios, y el Artículo 7 de los 28 tratados fiscales en vigor para Seychelles trata la atribución de beneficios a PEs.

Conclusión

Seychelles cuenta con un marco legal básico para aplicar el principio de plena competencia a través de las disposiciones generales del Business Tax Act, 2009 (secciones 4 y 54(1)), pero carece por ahora de un cuerpo detallado de normas de precios de transferencia (métodos, reglas específicas sobre intangibles, instrumentos financieros, CCAs o safe harbours). En la práctica, la autoridad se apoya de forma explícita en las Directrices de la OCDE y en el Manual de la ONU para la interpretación y aplicación técnica. La Public Ruling 2015-3 establece obligaciones prácticas de documentación y plazos de entrega a petición, y las sanciones aplicables derivan de las normas generales del Revenue Administration Act y sus enmiendas. Finalmente, Seychelles está desarrollando una regulación de precios de transferencia para complementar la sección 54 del Business Tax Act.

Referencias

Para una visión consolidada de los perfiles por país sobre precios de transferencia de la OCDE, consulte https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.html