Islandia – Precios de Transferencia (2025)

Marco legal y alcance

El marco material de precios de transferencia en Islandia se apoya en la Income Tax Act no. 90/2003, particularmente en el artículo 57. La propia ley hace referencia al principio de plena competencia en el artículo 57, párrafos 2 y 3, y contiene la definición de partes vinculadas en el artículo 57, párrafo 4. La regulación específica sobre documentación y precios de transferencia se encuentra en Regulation no. 1180/2014, que desarrolla aspectos relativos a la documentación, métodos y análisis de comparabilidad; se citan en particular los artículos 2, 3, 6, 7, 9 y 10 de dicha regulación. La obligación de reporte de Country-by-Country (CbC) está regulada en la Regulation no. 766/2019, y la obligación general de documentación aparece también en el artículo 57, párrafo 5, de la Income Tax Act no. 90/2003.

Principio de plena competencia y rol de las Directrices OCDE

La normativa doméstica (artículo 57 de la Income Tax Act no. 90/2003) no incorpora una referencia literal obligatoria a las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, aunque sí toma en consideración su contenido. Además, la Regulation no. 1180/2014 hace referencia explícita a las Directrices de la OCDE en distintos artículos y adopta sus principios para orientar la elaboración del análisis de precios de transferencia; por tanto, las Directrices OCDE tienen un rol orientador y práctico en la aplicación de la regla de plena competencia en Islandia.

Definición de partes vinculadas

La definición legal de partes vinculadas se contiene en la Income Tax Act no. 90/2003, artículo 57, párrafo 4. Según dicha disposición, se consideran vinculadas las entidades legales que (a) formen parte de un grupo conforme al artículo 2 del Annual accounts act nr. 3/2006 o estén bajo propiedad mayoritaria directa o indirecta o control administrativo de dos o más entidades dentro del mismo grupo; (b) cuando una entidad legal tenga propiedad mayoritaria directa o indirecta sobre otra; y (c) cuando entidades sean directa o indirectamente propiedad mayoritaria o estén bajo control administrativo de individuos conectados por lazos familiares, con ejemplos concretos que incluyen personas casadas o equivalentes, hermanos y parientes directos (hijos, padres, abuelos). Asimismo, los establecimientos permanentes (EPs) quedan comprendidos en el ámbito de las normas cuando generan transacciones controladas, salvo que exista una disposición contractual o tributaria que los excluya expresamente.

Métodos y criterio de aplicación

Regulation no. 1180/2014, artículo 9, establece los métodos que pueden aplicarse a transacciones controladas. Se contemplan específicamente los métodos clásicos y los métodos transaccionales habituales: Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price, Cost Plus, Transactional Net Margin Method (TNMM) y Profit Split. La regulación además abre la puerta al uso de otros métodos, refiriendo explícitamente la posibilidad de considerar directrices o códigos externos —por ejemplo, el EU code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union 2006/C 176/01 es citado como un posible marco—, lo que justifica la inclusión de “otros métodos” en la práctica. En cuanto al criterio de selección, la normativa islandesa aplica el principio de “most appropriate method” (método más apropiado) en lugar de una jerarquía rígida de métodos.

Comparabilidad y rangos

La jurisdicción islandesa sigue en gran medida la guía de la OCDE sobre análisis de comparabilidad descrita en el Capítulo III de las Directrices, tal y como se prevé en el artículo 10 de la Regulation no. 1180/2014. El análisis de comparabilidad se prepara sobre la base de análisis comparativos internos y externos teniendo en cuenta los factores que más impacto tienen según las Directrices OCDE: características del bien o servicio, análisis funcional, términos contractuales, circunstancias económicas y estrategias empresariales. No existe preferencia normativa por comparables domésticos sobre comparables extranjeros. La utilización de rangos de brazos independientes y de medidas estadísticas está permitida por la legislación (no está directamente regulada en detalle, por lo que se admite su uso sin imponerlo). Las comparability adjustments no están expresamente exigidas en la ley, aunque en la práctica la administración fiscal requerirá ajustes cuando proceda y la Article 10 de la Regulation no. 1180/2014 exige que tales ajustes sean reportados y explicados.

Documentación y reportes

La preparación y conservación de documentación de precios de transferencia está regulada. El artículo 57, párrafo 5, de la Income Tax Act no. 90/2003 establece la obligación general de documentación y la Regulation no. 1180/2014 desarrolla requisitos formales. En Islandia existe obligación de presentar un Country-by-Country Report consistente con el Annex III de las Directrices OCDE; la Regulation no. 766/2019 recoge las reglas relativas al CbCR. No existe, sin embargo, una obligación de presentar formalmente un Master File y un Local File en formatos separados: la normativa exige la misma información que contendrían Master File y Local File, pero no obliga a su presentación en formularios diferenciados; por tanto, la información debe estar disponible y poder presentarse si se solicita. La documentación de precios de transferencia debe prepararse anualmente y puede ser redactada en islandés y/o en inglés. Las empresas deben poder presentar la documentación completa solicitada por la administración tributaria dentro de un plazo de 45 días desde la demanda. La documentación debe conservarse durante siete años desde el cierre del ejercicio fiscal al que se refiere. Los CbC reports deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio, deben estar en inglés y presentarse en un formulario específico establecido por la regulación aplicable. Se exige, en el caso de la obligación de documentación, que las entidades indiquen y justifiquen si se acogen a exenciones aplicables (véase más adelante).

Safe harbours, exenciones y materialidad

Islandia no tiene reglas generales de safe harbours para sectores o tipos de transacciones. No obstante, la Regulation no. 1180/2014, artículo 12, prevé una simplificación consistente en una exención para transacciones “menores” entre partes vinculadas: la obligación de documentar no se aplica a aquellas transacciones que, en un año operativo, tengan un alcance económico y una importancia limitados para la operación de la entidad. Si una parte se acoge a esta exención, debe declarar la existencia de la transacción y explicar la naturaleza, alcance y la razón por la que la considera menor. La exención no es aplicable a transacciones que involucren activos intangibles. Por otra parte, la normativa aplica umbrales monetarios relevantes en otras materias: por ejemplo, las reglas de limitación de deducibilidad de intereses (earnings stripping) operan con un umbral de gasto por intereses de ISK 100 millones aproximadamente.

APAs y MAP; procedimientos y tiempos

La práctica administrativa islandesa ofrece mecanismos para la prevención y resolución de controversias en materia de precios de transferencia, siendo el Mutual Agreement Procedure (MAP) la vía disponible para resolver disputas entre jurisdicciones. No se dispone en el perfil de una política activa de Advance Pricing Agreements (APAs): las casillas relativas a APAs (unilaterales, bilaterales o multilaterales) no están marcadas, mientras que sí existe información detallada y guía sobre el procedimiento MAP publicada por las autoridades islandesas. Para información práctica se remite a Iceland’s MAP profile publicado por la administración.

Sanciones y otras consideraciones

Las multas administrativas relativas al incumplimiento de las obligaciones de documentación fueron introducidas por modificación al artículo 57 de la Income Tax Act no. 90/2003 con entrada en vigor el 31 de mayo de 2021. La normativa permite a la administración imponer sanciones por no cumplir las obligaciones de documentación dentro de los 45 días exigidos, pudiendo la multa ascender hasta ISK 3.000.000 por cada ejercicio en el que el contribuyente no haya cumplido la obligación en plazo. Si el contribuyente ha presentado documentación considerada insatisfactoria y no ha atendido las demandas de mejora del Director dentro de 45 días, la multa será de ISK 1.500.000. La imposición de sanciones puede abarcar hasta un máximo de seis ejercicios fiscales inmediatamente precedentes al ejercicio en que se imponga la sanción; en tales casos la sanción máxima acumulada puede alcanzar ISK 6.000.000 según la interpretación normativa descrita. Existen mecanismos de reducción de la sanción: si el contribuyente subsana las deficiencias dentro de 30 días la multa se reduce en un 90%; si las mejora dentro de dos meses la reducción es del 60%; y si se corrige dentro de tres meses la reducción es del 40%.

En cuanto a ajustes fiscales, la normativa permite que los contribuyentes realicen year-end adjustments; por el contrario, no existe en la ley ni en la regulación una disposición sobre secondary adjustments: la respuesta oficial es que “no hay nada sobre esto en la ley o en la regulación”. En materia de operaciones financieras, aunque no hay reglas de precios de transferencia específicas para préstamos o transacciones financieras en la normativa interna, existen normas de earning stripping contenidas en la Income Tax Act no. 90/2003, artículo 57 B, que limitan la deducción de intereses al 30% del EBITDA y que se aplican cuando los gastos por intereses exceden ISK 100 millones (aprox. EUR 694 927), con exenciones para grupos autorizados a la tributación conjunta, entidades financieras, aseguradoras u otras situaciones que justifiquen la excepción.

Atribución de beneficios a establecimientos permanentes (EPs)

Islandia ha incorporado el Authorised OECD Approach (AOA) para la atribución de beneficios a establecimientos permanentes en cuatro de sus convenios tributarios y dicha aproximación forma parte del modelo de convenio de Islandia. No obstante, en los tratados bilaterales que no contienen la nueva redacción del artículo 7 del Modelo OCDE (2010 y posteriores), la implementación práctica del AOA no ha surgido en casos concretos y se considera incierto cómo se resolvería; es probable que Islandia no aplique el AOA en tratados que no contienen la redacción moderna del artículo 7.

Conclusión

El régimen islandés de precios de transferencia combina una ley marco (Income Tax Act no. 90/2003, artículo 57) con una regulación detallada (Regulation no. 1180/2014 y Regulation no. 766/2019 para CbCR) que incorpora y toma en consideración las Directrices de la OCDE. La selección de métodos se basa en el método más apropiado, con apertura a métodos adicionales, y la comparabilidad y documentación siguen los principios del Capítulo III y V de las Directrices OCDE. Existen reglas claras sobre tiempos de presentación y conservación de la documentación, así como sanciones administrativas específicas por incumplimiento, y una exención por transacciones menores. Los mecanismos de resolución cross-border descansan fundamentalmente en el MAP; no hay un régimen de APAs establecido en el perfil consultado. No se proporcionan directrices domésticas específicas sobre algunos temas concretos (por ejemplo servicios intragrupo con enfoque simplificado, préstamos intragrupo o CCAs), por lo que en esos ámbitos la normativa remite a las Directrices de la OCDE.

Referencias

Para más información consultar el repositorio de perfiles país de la OCDE: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.html