Australia – Precios de Transferencia (2025)

Marco legal y alcance

La normativa primaria que regula los precios de transferencia en Australia es la División 815 del Income Tax Assessment Act 1997 (ITAA 1997). Las enmiendas legislativas introducidas en 2012 y 2013, especialmente las subdivisiones 815-A, 815-B y 815-C, acercaron la legislación australiana al principio de plena competencia tal como lo describen las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE. Para ejercicios que se inician a partir del 1 de julio de 2017, la legislación de precios de transferencia de Australia hace referencia explícita a las Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations aprobadas por el Consejo de la OCDE y enmendadas por última vez el 19 de mayo de 2017, tal como se recoge en las secciones 815-135 y 815-235 del ITAA 1997. La normativa australiana es aplicable cuando una entidad australiana obtiene un beneficio fiscal en Australia por condiciones transfronterizas que no son de plena competencia, con independencia de que las partes estén o no formalmente vinculadas por control o parentesco, ya que no existen umbrales de control u propiedad para la aplicación de la División 815.

Principio de plena competencia y rol de las Directrices OCDE

La legislación australiana incorpora y exige consistencia con el principio de plena competencia tal y como se describe en las Directrices de la OCDE. En particular, la ley dispone que, al identificar las condiciones de plena competencia, debe buscarse la mayor consistencia posible con las Directrices de la OCDE. Además, el ITAA 1997, en sus referidos apartados, establece que los métodos y la selección de éstos deben alinearse con la guía contenida en la TPG. Por tanto, las Directrices de la OCDE tienen un papel vinculante en la práctica interpretativa y de aplicación de la normativa doméstica australiana, en la medida en que la propia ley remite a esas directrices para determinar los métodos apropiados y otros aspectos técnicos.

Definición de partes vinculadas

Australia no contiene en su legislación de precios de transferencia una definición interna de “partes vinculadas”. La normativa se aplica sin requisitos de control u umbrales de participación, y se centra en si existen condiciones no arm’s length que generan un beneficio fiscal. No obstante, la ATO (Australian Taxation Office) incluye una definición práctica de “international related parties” en las instrucciones para completar el International Dealings Schedule (IDS). Según las instrucciones del IDS, el término comprende cualquier entidad o persona en el extranjero que participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de la entidad australiana; cualquier entidad o persona en el extranjero respecto de la cual la entidad australiana participe directa o indirectamente en su dirección, control o capital; y cualquier entidad o persona en el extranjero respecto de la cual las personas que participan directa o indirectamente en su dirección, control o capital sean las mismas que participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de la entidad australiana. El IDS debe presentarse cuando el contribuyente ha tenido ciertos tratos o arreglos internacionales y forma parte de la declaración de impuesto sobre la renta.

Métodos y criterio de aplicación

La legislación australiana no prescribe métodos específicos de precios de transferencia enumerados en el texto legal. El párrafo 815-125(2) del ITAA 1997 establece que, al identificar las condiciones de plena competencia, se debe usar el método o la combinación de métodos que sea “más apropiado y fiable” teniendo en cuenta todos los factores relevantes. La ley reconoce explícitamente que los posibles métodos incluyen los descritos en los documentos citados en la sección 815-135 (es decir, las Directrices de la OCDE). En consecuencia, Australia aplica los métodos descritos en las TPG, pero la selección se basa en el criterio de “método más apropiado” y no en una jerarquía rígida; la evaluación debe atender a las fortalezas y debilidades de cada método, a las funciones realizadas, a los activos utilizados, a los riesgos soportados, a la disponibilidad y fiabilidad de la información y al grado de comparabilidad entre las circunstancias reales y las comparables.

Comparabilidad y rangos

Australia adopta la guía del Capítulo III de las TPG sobre análisis de comparabilidad. El propio texto legal dispone que, para identificar circunstancias comparables, debe considerarse: a) las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos soportados por las entidades; b) las características de cualquier bien o servicio transferido; c) los términos de los contratos relevantes; d) las circunstancias económicas; y e) las estrategias de negocio de las entidades. A efectos prácticos, la ATO prefiere, cuando la entidad sometida a prueba es australiana, utilizar comparables domésticos siempre que sea posible, pues en igualdad de condiciones aportan una mayor cercanía en las circunstancias económicas. La ATO no utiliza “comparables secretos” para sus valoraciones. La legislación permite el uso de un rango de plena competencia y/o de medidas estadísticas cuando sea apropiado, tal como se desprende del párrafo 815-125(2). En cuanto a ajustes de comparabilidad, el párrafo 815-125(4) del ITAA 1997 no obliga a realizar ajustes cuantitativos siempre, pero establece que cuando existen diferencias materiales entre las circunstancias reales y las comparables será suficiente para efectos de comparabilidad que puedan efectuarse ajustes razonablemente precisos para eliminar el efecto de dichas diferencias.

Documentación y reportes

Australia exige obligaciones de documentación cuando una entidad es un “CbC reporting entity” en los términos del Subdivision 815-E del ITAA 1997. Las entidades que pertenecen a grupos con ingresos consolidados anuales superiores a 1.000 millones de dólares australianos (AUD 1 billion) están obligadas a presentar el Country-by-Country report, el master file y el local file consistentes con los Anexos I, II y III del capítulo V de las TPG. Todas las declaraciones de CbC deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo de información al que se refieren, deben ser presentadas electrónicamente en formato XML Schema y en inglés. El International Dealings Schedule forma parte de la declaración del impuesto sobre la renta y debe presentarse con la declaración cuando corresponda. La presentación de documentación complementaria más allá de lo exigido puede realizarse voluntariamente por los contribuyentes para sustentar una “Reasonably Arguable Position” con vistas a mitigar sanciones administrativas; Subdivision 284-E de Schedule 1 de la Taxation Administration Act 1953 (TAA 1953) establece los requisitos documentales que deben cumplirse para la mitigación de sanciones, y la ATO ha publicado la Tax Ruling TR 2014/8 que expone su visión sobre la aplicación de estas disposiciones. En resumen, el master file, local file y CbC report deben prepararse y estar disponibles al momento de la presentación de la declaración en los supuestos de obligación.

Exenciones, safe harbours y materialidad

Australia dispone de medidas de simplificación administrativas publicadas por la ATO, pero éstas no constituyen en sentido estricto “safe harbours” que eximan de la aplicación del test legal de plena competencia. La Practical Compliance Guideline PCG 2017/2 establece opciones simplificadas de registro para siete categorías: pequeños contribuyentes, distribuidores, servicios intragrupo de bajo valor añadido, préstamos entrantes de bajo nivel, materialidad, servicios técnicos y préstamos salientes de bajo nivel. Estas medidas simplificadas están sujetas a umbrales y condiciones específicas y son aplicadas bajo el ejercicio de la “general power of administration” del Comisionado; no anulan la aplicación del test estatutario. Por otra parte, las entidades que cumplen los requisitos de CbC reporting pueden solicitar exenciones caso por caso respecto de la obligación de presentar el CbC report, master file o local file; por ejemplo, si la ATO concluye que no existe otra jurisdicción que espere recibir un CbC report de Australia en relación con la entidad, o si no existe riesgo de precios de transferencia por ausencia de relaciones transfronterizas relevantes.

APAs y MAP; procedimientos y tiempos

Australia mantiene un programa de Advanced Pricing Arrangements (APA). El Comisionado de Impuestos puede celebrar APAs unilaterales en virtud de sus poderes administrativos contenidos en las secciones 1-7 del Income Tax Assessment Act 1997, y la autoridad competente puede negociar y suscribir APAs bilaterales o multilaterales en el marco del Procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) regulado por los tratados. La administración del programa de APAs está descrita en el Practice Statement PS LA 2015/4 Advanced Pricing Arrangements, y la información sobre MAPs viene recogida en el MAP profile de Australia. Los plazos concretos de tramitación dependen del caso y del tipo de APA solicitado; la guía administrativa y las prácticas públicas son las que orientan los tiempos y requisitos procedimentales.

Sanciones y otras consideraciones

El incumplimiento de las obligaciones de CbC, master file o local file conlleva sanciones significativas, conforme a la sección 288-25 de Schedule 1 de la Taxation Administration Act 1953. En general, y fuera de la esfera específica de CbC reporting, la ausencia de documentación de transferencia de precios no lleva aparejadas sanciones automáticas específicas para todos los contribuyentes, pero sí se aplican las disposiciones generales en materia de conservación de registros, presentación y suministro de información; además, Subdivision 284-E del TAA 1953 prevé incentivos de mitigación de sanciones cuando la documentación requerida se ha preparado de conformidad con las reglas. Las sanciones administrativas son incrementadas para las entidades clasificadas como “Significant Global Entities” (que incluye a las entidades con obligaciones de CbC), de modo que las penalidades pueden duplicarse en dichos supuestos. En cuanto a ajustes secundarios, Australia no contempla la aplicación de secondary adjustments en sentido general como una regla autónoma de la legislación de precios de transferencia, y tampoco existe un mandato legal para efectuar ajustes de fin de ejercicio; no obstante, los contribuyentes pueden realizar ajustes para asegurar que los resultados del año cumplan con lo que sería esperado bajo condiciones de plena competencia, y los APAs suelen contemplar mecanismos de ajuste específicos cuando proceden.

Atribución de beneficios a establecimientos permanentes (PE)

Australia no ha adoptado las Authorised OECD Approaches (AOA) para la atribución de beneficios a PE y ha presentado reservas respecto de la versión actual del Artículo 7 del Modelo de Convenio de la OCDE. Australia declara su intención de aplicar la versión previa del Artículo 7 en sus tratados si corresponde, y su normativa interna no reconoce transacciones entre distintas partes de una misma entidad. En consecuencia, Australia aplica el enfoque de Relevant Business Activity para la atribución de beneficios a PEs, que no reconoce transacciones hipotéticas entre la sede y el PE; esta posición está explicada en la Taxation Ruling TR 2001/11.

Conclusión

El marco australiano de precios de transferencia se apoya en la División 815 del ITAA 1997 y se alinea con las Directrices de la OCDE hasta la versión de la TPG enmendada el 19 de mayo de 2017. Australia privilegia la aplicación del método “más apropiado y fiable”, fomenta la coherencia con las TPG en aspectos de comparabilidad y métodos, y dispone de obligaciones documentales estrictas para los grupos con ingresos globales superiores a AUD 1.000 millones. Las medidas administrativas de simplificación publicadas por la ATO ofrecen alternativas prácticas a determinados contribuyentes, sin constituir exenciones al test estatutario.

Referencias

Para más información y perfiles por país de la OCDE sobre precios de transferencia consulte: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.html